Junji invita a sus cerca de 20 mil funcionarios a contestar encuesta para modernizar el empleo público

Junji invita a sus cerca de 20 mil funcionarios a contestar encuesta para modernizar el empleo público

Los resultados de esta consulta www.consultahacienda.cl servirán de base para la elaboración del futuro proyecto de ley de modernización del empleo público. Entre sus propuestas contempla fijar el mérito como requisito permanente de contratación en el Estado; limitar los asesores de confianza por parte de las autoridades de gobierno; establecer una relación laboral indefinida con indemnización, y regular el teletrabajo en el sector público.

Una enérgica campaña está llevando a cabo la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), para difundir entre sus más de 20 mil funcionarios la Consulta Ciudadana lanzada por el Ministerio de Hacienda, sobre modernización al empleo público.

A través de sus medios internos y redes sociales, la institución está invitando a participar de esta iniciativa a la que están llamados todos los ciudadanos, y no solo los funcionarios públicos, de forma voluntaria y confidencial, ingresando al sitio web www.consultahacienda.cl lugar donde podrán conocer el anteproyecto y entregar sus opiniones, hasta el jueves 28 de enero.

“Esperamos que se animen a participar de esta consulta, ya que es un proyecto muy positivo para todos los funcionarios públicos, y sobre todo, para modernizar el Estado y mejorar los servicios que entrega a la ciudadanía, y por ende su calidad de vida”, señala la Vicepresidenta Ejecutiva, Adriana Gaete. Los resultados de esta consulta servirán de base para la elaboración del futuro proyecto de ley de modernización del empleo público.

El anteproyecto contiene 6 ejes:

1. Crea una nueva relación laboral entre los funcionarios/as públicos/as y el Estado. Establece un vínculo laboral indefinido con indemnización al egreso para los funcionarios a “contrata” y “honorarios” que cumplan tareas permanentes (270 mil personas aprox.). Todo nuevo ingreso al Estado (Gobierno Central) se regirá por esta regla.

2. Establece el mérito como requisito para un ingreso abierto y competitivo al empleo público, de acuerdo a las competencias, aptitudes y conocimientos de los funcionarios, en procesos transparentes y regulados por el Servicio Civil.

3. Promueve oportunidades de desarrollo y crecimiento laboral para los funcionarios públicos, permitiendo la movilidad entre las instituciones del Estado y mejorando el sistema de evaluación del desempeño.

4. Acota los cargos de confianza de cada Gobierno, separándolos de los funcionarios de Estado y creando una categoría de “asesores de gobierno”, destinado al personal de confianza. Estos deben renunciar junto con la autoridad.

5. Regula el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, respetando la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar.

6. Sanciona de manera efectiva las faltas a la probidad, maltrato y acoso laboral y sexual en el Estado, perfeccionando los procedimientos y estableciendo la dedicación exclusiva en los sumarios administrativos. Esta propuesta tiene como alcance el gobierno central, es decir, los ministerios y servicios públicos. De acuerdo a información de la DIPRES (septiembre de 2020), 420.018 personas trabajaban en el gobierno central: de ellas, 225.617 personas corresponden a personal a “contrata” (54%); 93.092 a personal de “planta” (22%); 46.655 a honorarios (11%) y 54.654 a otras modalidades (13%).

Antecedentes de esta consulta

Los contenidos de esta consulta pública emanan de las recomendaciones del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado; de propuestas planteadas por la Mesa del Sector Público y de cuatro centros de estudio –Chile 21, Libertad y Desarrollo, Centro de Estudios Públicos y Espacio Público- quienes construyeron una propuesta conjunta para reformar el empleo público en diciembre de 2018.

Con excepción de la reforma del año 2003 que creó la Alta Dirección Pública, esta es la primera vez que se aborda una reforma al empleo público desde 1989.

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